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El punto de asesoría energética de TGN expide 97 informes de vulnerabilidad

Las técnicas responsables del servicio aseguran que «la pobreza energética se ha disparado» y que las familias que podrían beneficiarse de ayudas no acceden a la información

| Actualizado a 06 octubre 2022 16:24
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El Punt d’Assesorament Energètic, PAE, del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), se puso en marcha en febrero de este año y apenas en los cuatro meses que van de marzo a junio tramitaron 97 informes de vulnerabilidad; ese documento que advierte a las empresas suministradoras de luz, agua o gas, que no pueden cortar el suministro en un domicilio.

Preguntamos a las técnicas que se encargan del servicio como valoran el número de informes y dicen que «nos parecen pocos, tendría que haber más. En cuestión de meses hemos visto dispararse la pobreza energética» señalan Marta Galcerán, técnica en asesoramiento energético y Natalia Peralta agente social. Explican que la posibilidad de pedir un informe de vulnerabilidad viene especificada al pie en los avisos de impago o de corte del suministro «pero casi nadie lee la letra pequeña».

En el punto de asesoría se presta atención individual a usuarios de servicios sociales que han recibido ayudas de al menos 200 euros para pagar facturas de servicios. En cuatro meses han atendido a 247 personas, 70% de ellas mujeres. La mayoría vive en la Part Alta, Part Baixa, Ponent y Sant Salvador.

El PAE lo gestiona SM serveis mediomabientals, empresa que ganó el concurso público para cuatro años y las técnicas trabajan directamente en las dependencias del IMSST en la Plaça Prim. Lo que se encuentran la mayor parte de las veces, reconocen, son personas que no saben cómo funcionan las tarifas, cómo recortar su consumo, o los pasos que tienen que seguir para obtener una ayuda.

Uno de los casos más evidentes es el bono social para el cual se necesita aportar una serie de documentos que no siempre es sencillo obtener, en parte porque para algunos hay que pedir cita previa; desde un volante de empadronamiento a una constancia de discapacidad, si fuera el caso. En total, hasta cuatro citas previas con cuatro organismos de administraciones diferentes. Todo con el agravante de que algunas citas hay que tramitarlas por internet y algunos usuarios o no tienen o no tienen el manejo suficiente para hacer trámites virtuales.

Peralta reconoce que lo habitual es que la información no sea suficientemente accesible «nosotros les ayudamos en los pasos que tienen que dar; les decimos adónde tienen que ir», señala.

Neus Gimeno, coordinadora de la oficina de planificación y gestión del IMSST, recuerda que para hacer un informe de vulnerabilidad se confía en el diagnóstico que hacen los profesionales de servicios sociales y, sin embargo, paradójicamente a estas mismas personas se les pide tramitar el bono social para el que hay seguir todos los pasos mencionados. «No tiene sentido, ya se hizo una valoración procesional, debería ser automático», lamenta.

La otra pregunta que queda por responder es quién se hará cargo de la deuda que se va acumulando para las familias que tienen esos informes de vulnerabilidad

Asesoría personalizada

La clave para ver cambios, explican, es conseguir que los usuarios se empoderen: que entiendan cómo es la tarifa que tienen y cómo funciona, elegir el contrato o la potencia que más le convenga... «Y si, por ejemplo, tienen el bono social, que sepan cuáles son los máximos de consumo porque eso puede suponer un cambio muy importante en la factura».

Aunque el PAE se ocupa especialmente de los usuarios de servicios sociales, también realizan talleres abiertos a la ciudadanía. De hecho ayer comenzó un ciclo en los centros cívicos en el que los ciudadanos pueden llevar su factura de la luz para aprender a interpretar los distintos conceptos que aparecen en ella y compartir consejos para optimizar el consumo.

Paralelamente están haciendo auditorías energéticas en hogares que acumulan deudas importantes y que, además, no consiguen hacer bajar su consumo. Después de las auditorías se realiza una propuesta de mejora que se puede materializar gracias al Fondo Solidario de Rehabilitación de la Fundación Naturgy que ofrece ayudas de hasta 2.000 euros por vivienda.

Explican las técnicas que se han encontrado todo tipo de circunstancias, como «una nevera muy antigua que no congela y que era el ladrón de electricidad de la casa... Para estas personas sustituir este electrodoméstico supone un coste imposible de pagar».

Encontraron incluso una casa donde la familia se quejaba de que la lavadora no funcionaba bien, pero al llegar se encontraron con que faltaba una ventana. En este caso también está trabajando de urgencia servicios sociales «estas inspecciones nos dan información muy valiosa», apuntan.

Con todo, las familias van siguiendo sus propias estrategias que generalmente pasan por pasar frío o calor. Valga como referencia que en 11 de las 12 casas visitadas no hay calefacción y en la que hay no la ponen nunca.

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