El sinvivir de un bloque de pisos de Campclar

Desde hace más de un año, los vecinos de un bloque de Campclar tienen miedo ante la situación de inseguridad que se vive en el edificio. El origen: ocupas de uno de los pisos. Y principalmente un solo individuo, con numerosos arrestos, el último la semana pasada por parte de la Guàrdia Urbana. Tanto dicho cuerpo policial como los Mossos d’Esquadra han tenido que acudir en unas 40 ocasiones por las molestias causadas. Se ha intentado mediar en el conflicto, pero con resultados infructuosos.

Ahora, se intentará poner ya fin a un conflicto que se va alargando en el tiempo y que no hay perspectivas de solucionarlo por la vía del entendimiento. Se va a actuar en base a la ley 1/2023 que el Parlament, que permite al Ayuntamiento pedir el desahucio en el caso de que el propietario gran tenedor se haya desentendido de presentar la demanda de desahucio, como sería este caso.

Ruidos, inseguridad, incivismo, alteración del orden maltrato a un perro e insalubridad, peleas, amenazas y consumo de droga. Son solo algunos de los problemas que los vecinos del bloque 1 de la escalera 2 de la Rambla de Ponent de Campclar están soportando desde aproximadamente el mes de mayo del año pasado.

Desde la Guàrdia Urbana y los Serveis Socials se ha intentado mediar con los ocupas del piso, situado en la primera planta. Pero no están dispuestos a ello. El principal responsable sería un joven de 28 años con más de una veintena de arrestos.

El último año

En el último año, solo la Guàrdia Urbana se ha desplazado en más de 20 ocasiones a dicho inmueble tras recibir llamadas por quejas de los vecinos. A ellas hay que sumar otras 14 de los Mossos d’Esquadra. Los vecinos dicen que tienen miedo incluso de bajar al parking a coger el coche ante la presencia de estos individuos o de ‘visitas’.

Muchas de las quejas están relacionadas con un cachorro de perro del sospechoso –posiblemente de la raza Rottweiler–, bien por sus ladridos, porque lo tienen desatendido o por presunto maltrato. En una de las ocasiones, un vecino alertaba que el can estaba en el balcón y comía sus propios excrementos ante la falta de comida.

Los vecinos incluso sacaron fotos del estado en que se encontraba el balcón. A pesar de los diferentes intentos de los agentes para poder comprobar el estado del perro, su supuesto dueño nunca les ha dejado entrar en el piso.

Los ruidos también son constantes por la música muy alta. Los guardias denunciaron al individuo por infracción a las ordenanzas municipales. No ha sido la única multa que ha recibido, también por alteración del orden y desobediencia y falta de respeto hacia los agentes. En otras ocasiones, el joven consume droga en zonas comunitarias.

En una de las inspecciones realizadas por la Guàrdia Urbana, en diciembre el año pasado, se observó que en el patio de la galería del piso en cuestión había una gran cantidad de basura, y en la terraza principal excrementos de perro y bolsas de basura. El joven se negó a entrevistarse con la trabajadora social.

Según el registro de la propiedad, el piso en cuestión es propiedad de Cajamar Caja Rural SCC. Ante la situación que se ha creado, y en vista a la imposibilidad de una resolución por mediación, se ha tramitado a la Assessoria Jurídica del Ayuntamiento el expediente de ocupación ilegal de una vivienda con alteración de la convivencia vecinal.

Se trata del mismo sistema que se hizo en su día con una vivienda de la calle Sant Miquel. Y ello en base a la nueva ley que permite a los ayuntamientos solicitar el desalojo ante la inactividad de los propietarios. Ahora, si en un mes la entidad financiera no presenta la demanda de desahucio –si no lo ha hecho–, el Ayuntamiento está facultado para hacerlo. También se pedirá a la entidad si tiene el título habilitando la ocupación.

El presunto responsable de esta situación es un viejo conocido de los cuerpos policiales, que lo han detenido por robos, hurtos, amenazas, robos con violencia, etc. Un largo historial de detenciones que comienza en 2013 por daños, justo poco después de alcanzar la mayoría de edad. Ya había sido arrestado cuando era menor. Una de las ocasiones fue por su presunta integración en la banda de los Trinitarios, en febrero de 2012.

Varios antecedentes

Uno de los últimos arrestos se produjo este año por un robo con violencia cometido el 31 de enero por la mañana. La víctima se encontraba sacando dinero en un cajero automático de la calle Riu Fluvià, en el barrio de Torreforta. Dos personas se le acercaron para sustraerle el dinero y una de ellas incluso le dio un puñetazo.

Varios testigos ayudaron a la víctima mientras los delincuentes huyeron. Con la descripción facilitada, los Mossos supieron quien era el responsable. Lo vieron de lejos a unos 100 metros del lugar, momento que emprendió la fuga.

El pasado 31 de diciembre, la Guàrdia Urbana lo localizó a las 10.30 horas cuando salía de su domicilio. Tenía una orden de detención. Al detectar la presencia policial, huyó corriendo por el barrio de Campclar. Finalmente, los agentes lograron detenerlo.

Un caso parecido ocurrió el pasado 1 de junio. A las 19.12 horas, agentes de la Unitat de Delinqüència Urbana (UDU) lo detuvieron porque sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción 4 de Tarragona.

La condena

El 28 de noviembre de 2017, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona confirmó la pena de 16 meses de prisión impuesta el 18 de enero del mismo año por el Juzgado de lo Penal 1 de Tarragona por un delito de amenazas.

La sentencia consideró probado que el acusado, a las 19.30 horas del 29 de noviembre de 2016 se encontró con la víctima en la calle Pere Martell de Tarragona. Tras exhibirle una navaja de 20 centímetros de hoja, le profirió expresiones como «hijo de puta, te voy a pinchar, no mires a mi novia, no mires a nadie».

A la misma hora del 1 de diciembre ambos se volvieron a encontrar y de nuevo exhibió una navaja al denunciante, al que le volvió a amenazar. En la sentencia se recoge que durante dos años y cuatro meses no se podía acercar a menos de 500 metros de la víctima ni a comunicarse con ella.

El precedente de la Part Baixa

El caso de Campclar es muy parecido al vivido por los vecinos del número 37 de la calle Sant Miquel, en la Part Baixa de Tarragona. Durante tres años han estado pasando por un calvario: peleas, amenazas, agresiones con arma blanca y destrozos en el mobiliario. En este caso, la mediación tampoco fue posible.

La Guàrdia Urbana constató que en el piso ocupado se estaba vendiendo cocaína y hachís. Incluso detuvieron al inquilino el pasado 4 de abril, al que le incautaron 985 gramos de hachís y 132 euros.

En este caso también se instó al Ayuntamiento para pedir el desalojo de forma urgente.