«Gobernar bien pasa por escuchar a los ciudadanos»

«Hablar de gestión y de gobernanza urbana en estos tiempos es hacerlo inexorablemente de gobierno abierto, un paradigma que constituye un referente», resume Miquel Salvador, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, el pensar de los expertos en el tema.

Según la OCDE, un gobierno abierto es aquel en el que empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos pueden conocer (obtener información relevante y comprensible), pueden hacer (recibir servicios públicos) y pueden crear (participar en la toma de decisiones).

La organización internacional señala que el concepto gobierno abierto incluye tres elementos fundamentales: transparencia (estar expuesto al escrutinio público), accesibilidad (para cualquier persona y en cualquier lugar) y capacidad de respuesta a las nuevas ideas y demandas.

Todo ello, sobre la base de los principios del buen gobierno, tales como la rendición de cuentas, justicia, equidad, eficiencia, respeto del imperio de la ley y altos estándares de comportamiento ético. Se trata, pues, de un concepto que va más allá de informar a través de una web pública e incluye de manera clara la idea de dialogar e interactuar con el ciudadano, es decir, hacerlo partícipe de las decisiones y considerarlo un emisor con ideas de interés, no un mero receptor pasivo.

En este sentido, Paco González, profesor del Màster de Ciutat i Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), apunta que el pionero en esto del gobierno abierto fue Obama. «Se trata de un enfoque de la administración hacia el ciudadano, de que este reciba la información de forma directa y clara. Porque si recibo la información pero no me la explican ni contextualizan, no me sirve de mucho».

La importancia de la comunicación

Nagore de los Ríos, fundadora de Irekia, la primera plataforma de Gobierno Abierto de Habla Hispana y quien ha contribuido desde el Banco Mundial a la implantación de políticas de Open Data en numerosos gobiernos, incide en la importancia de la comunicación, hasta el punto de que «no se puede entender la política sin comunicación. Este es un pilar básico, un vehículo para la información pública, una herramienta democrática, y de ahí su importancia y transcendencia en la aportación de valor a la gestión de una institución pública. Se ha de tener en cuenta que esta comunicación se ha de desarrollar tanto en el ámbito on-line, como off line: no se ha de olvidar la existencia todavía de la denominada brecha digital y que los medios de comunicación tradicionales ejercen todavía una profunda influencia informativa y formativa».

Nagore, un tanto crítica, aclara que «los políticos consideran que es muy ‘cool’ tener Twitter o Facebook, y consideran que eso es ser transparente, 2.0, o hacer gobierno abierto. Nada más lejos de la realidad. Eso es comunicar como antes pero con herramientas nuevas, eliminar ciertos intermediarios en algunos momentos, pero el gobierno abierto es mucho más: es practicar la escucha activa de verdad, tener en cuenta las demandas de los ciudadanos y, entre todos, llegar a acuerdos colaborativos».

«En la política tradicional de gobernanza –continúa Nagore–, los gobiernos tomaban sus propias decisiones de forma piramidal, después gestionaban acompañados por sus asesores más cercanos, y por último comunicaban de una forma unidireccional.

Sin embargo, con la implantación del gobierno abierto ahora tienen la oportunidad de, primero, escuchar a la ciudadanía y los problemas que plantean; segundo, incluirles en la participación y en la definición del diseño de las soluciones, y tercero, colaborar en la co-creación de las políticas públicas».

Labor informativa

«Además de la labor de comunicación hacia afuera, la institución ha de realizar una labor informativa, con carácter didáctico, entre sus propios funcionarios, con el fin de que la Administración correspondiente vaya transformando su tradicional manejo de los aspectos comunicativos en aras de la transparencia y de la implicación de todos los ámbitos en la nueva política.

Es decir, que esa tarea que se va a llevar a cabo para potenciar la comunicación institucional ha de comenzar con un impulso a la creación de una red efectiva y eficaz de comunicación interna, por la que se superen los roles clásicos del funcionariado en aras de una nueva forma de entender la Administración pública en la que toda persona trabajadora puede ejercer el rol de comunicador».

Así lo entiende también Juan Manuel Mora, director del Centro de Gobierno y Reputación de Universidades en la Universidad de Navarra, quien afirma que «no hay comunicación sin escucha; la comunicación consiste también en escuchar a los ciudadanos, conocer sus inquietudes, recoger sus peticiones o sugerencias.

Y es necesaria la claridad, lograr que nos comprendan. Porque lo importante no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Por eso, en situaciones como las que vivimos hay que intentar no quedar sepultados por millones de datos fragmentarios».

Mora añade que «la comunicación acompaña y secunda al liderazgo. No se puede comunicar bien si no se dirige bien, si no se toman las decisiones correctas, en tiempo y forma». Y en ello coincide Nagore de los Ríos: «Lo más importante es el liderazgo. Cuando ese liderazgo se dé, entonces tendremos gobierno abierto. Mientras tanto tendremos anuncios, gestos, temas de marketing, etcétera, pero no un gobierno abierto de calidad».

Transparencia, mucho más que datos en una web

Claro que comunicar bien requiere transparencia, otro de los pilares en que se basa el gobierno abierto. Y es que, como bien recoge Carlos Mas, presidente de Pwc en su informe ‘¿En qué hay que transformar la administración pública española?’, las sociedades avanzadas exigen transparencia a sus administraciones públicas.

«En un escenario en el que la información fluye sin control, es necesario dar cuenta de cómo se administran los recursos públicos, qué decisiones se toman y por qué se actúa de una u otra manera». E incide en que «hoy ya no hay excusas para no ser transparentes. Contamos con la tecnología, los recursos y los conocimientos para hacer que la Administración sea abierta, participativa y capaz de mostrar en todo momento qué hace, cómo gasta y cómo decide.

La Administración tiene que ser accesible, máxime si tenemos en cuenta que estamos hablando de recursos públicos y, sobre todo, que la sociedad civil del siglo XXI ya no permite que se proyecten sombras o dudas sobre lo público».

En este campo, Juan Manuel Mora asegura que «es preciso contar, contar y contar, lo bueno y lo malo, lo positivo, lo negativo y lo neutro. Uno puede pensar que con mensajes de optimismo la gente se queda tranquila. Nada de eso. La gente se queda tranquila si sabe que se le dice la verdad, si sabe a qué atenerse».

Y añade que «la transparencia evita además la circulación de los bulos, que surgen aprovechando las sombras de una política de comunicación poco transparente. Al virus de los bulos se responde con la vacuna de la información abundante y rigurosa».

La voluntad de los políticos

Claro que la transparencia, pese a las leyes que nos hemos dado en los últimos tiempos, depende en gran medida de la voluntad de los políticos. Y en este aspecto Nagore de los Ríos se muestra muy escéptica. «Ha habido un retroceso en los últimos años en cuanto a transparencia; se ha quedado en lo mínimo porque falta voluntad por parte de las administraciones, que se han ido cerrando y cumplen con lo mínimo.

O sea, tienen las herramientas, pero no la voluntad; cuelgan en la web aquello a lo que les obliga la ley, pero no explican las cosas, están descontextualizadas, y así es muy difícil para un ciudadano medio entenderlo. La clase política y el funcionariado se han plegado para evitar críticas».

Pero Nagore no culpa solo de esto a la Administración: «También la sociedad civil tenemos una buena parte de responsabilidad, porque no reclamamos los datos ni exigimos que estén bien explicados».

«Me temo –dice la experta– que la transparencia ya no está de moda». Por ello, Nagore piensa que «España debería hacer los deberes primero haciendo una Ley de Transparencia, porque la actual, de 2013, cojea por muchos sitios. Pero me consta que están escuchando las aportaciones que han hecho los ciudadanos.

Han recogido unas 80.000 firmas para intentar mejorar la Ley de Transparencia, y esperamos que esta ley se haga y sea de calidad, porque de momento lo único que tiene de transparencia es el nombre. Esperamos que sea una ley buena y favorable para todos los ciudadanos».

Participación, un reto para todas las partes

Y de la comunicación y la transparencia depende la salud del otro gran pilar del gobierno abierto, la participación. Porque, como bien dice Nagore, «no podemos pedir a un ciudadano que participe cuando no hemos sido transparentes y no le hemos facilitado los datos e informaciones necesarias para ejercer una participación real. Tampoco podemos alcanzar nunca la colaboración si a los ciudadanos no se les ha permitido participar».

«La administración pública juega un papel fundamental a la hora de articular la participación ciudadana, así como para canalizar un diálogo fluido y fructífero entre la sociedad civil y los gestores públicos», sostiene Pwc en su informe ‘¿En qué hay que transformar la administración pública española?’.

«Es imprescindible que la Administración se adapte y cuente con herramientas para escuchar, asimilar y evolucionar en función de las demandas reales de los ciudadanos. Solo si se articulan mecanismos y estructuras que permitan la comunicación horizontal con la sociedad civil se podrá avanzar y mejorar en la participación de la misma».

Claro que esto exige «mejorar la capacidad y la cualificación de los profesionales del sector público». Así lo considera también Paco González, que apuesta por «una triangulación entre técnicos y funcionarios, por un lado; el gobierno de la ciudad, por otro, y la ciudadanía, con iniciativa propia.

Le falta músculo

Pero a la Administración le falta músculo, personas para poder desarrollar una política de participación. Y es que participar no es fácil, se necesita tiempo. Tendría que haber unos funcionarios dentro del ayuntamiento para incorporar y favorecer que los ciudadanos participen. Y la ciudadanía, por supuesto, debe exigirlo».

Las nuevas tecnologías, y sobre todo las redes sociales, son una poderosa herramienta para ampliar la participación, que, como recuerda Nagore de los Ríos, es mucho más que poner una página web y decir a los ciudadanos ‘vengan ustedes a mi casa y participen’. Gracias a Internet tenemos la suerte de poder hacer el mejor puerta a puerta del mundo; podemos entrar en aquellos sitios donde están hablando los ciudadanos, incluso a pesar de que no nos hayan invitado. Podemos conocer qué es lo que les preocupa, lo que les inquieta, lo que desean, y no sólo eso, nos están diciendo, además, qué soluciones darían a los problemas. Gracias a Internet tenemos millones y millones de asesores gratuitos, porque podemos conocer experiencias de otros países, soluciones de otras administraciones, u ocurrencias que tienen ciudadanos o empresas de cualquier parte del mundo. Para poner la guinda, además, son muchos los ciudadanos que colaboran entre ellos y dan a la Administración soluciones y respuestas a las necesidades que tienen».

Cuestión de voluntad

Pero al final, después de todo, lo que cuenta es la voluntad de los políticos. «Por lo tanto –concluye Nagore–, el objetivo de todo esto es cambiar la agenda, algo simple pero que no se practica nunca. Los políticos están acostumbrados a decidir las cosas entre las cuatro paredes de un despacho, a ejecutarlas y a comunicarlas. Bueno, pues esos tiempos han acabado. Tienen que escuchar primero a la ciudadanía, después decidir y ejecutar las soluciones con los ciudadanos y empezar a comunicar, pero una comunicación bidireccional. Queda algo muy claro, y es que los ciudadanos nos están diciendo qué es lo que quieren. Por lo tanto, gobernar es tan fácil como escuchar». Ni más ni menos.

Una herramienta para la participación

Rosa Borge, líder del grupo de investigación Communication Networks & Social Change (CNSC) del IN3 de la UOC, habla sobre la plataforma Decidim, cuyo objetivo es «fomentar la participación directa y la deliberación de la ciudadanía en las políticas públicas. Se trata de una plataforma muy flexible que permite activar distintos espacios y componentes, y desarrollar diversas aplicaciones para la participación, deliberación y transparencia política en procesos abiertos a toda la ciudadanía».

A pesar de ser utilizada en más de un centenar de municipios, sobre todo en la provincia de Barcelona, pero también en Girona y Lleida, en Tarragona tiene menos implantación, aunque hay municipios que la utilizan, como Reus, que la aplica desde 2017 para poner en marcha procesos participativos importantes.

La herramiuenta es digital, pero en su espíritu está la idea de funcionar como un complemento, aunque sea muy importante, de la participación presencial.

Entre las bondades de Decidim, Rosa Borge señala que «permite una participación ciudadana masiva, tanto en el número de propuestas ciudadanas que se pueden recoger como en la discusión o deliberación de las propuestas. Es un sistema que te lo pone fácil. Puedes hacerlo en un momento que tengas en casa, o después de atender a la familia o de volver del trabajo. De hecho, se ha visto que colectivos que antes no participaban tanto, ahora sí que lo hacen, como mujeres profesionales con hijos a cargo. Es un sistema que permite conciliar la participación política con la vida laboral, personal y familiar. Además, es un sistema en diferido que permite tener tiempo para mirar las aportaciones de los demás, pensar y hacer las propias». Herramientas, pues, hay.