Más de 3.700 tarraconenses están a la espera de una ayuda de la dependencia

Más de 3.700 personas en Tarragona están en lista de espera para poder acceder a una ayuda de la dependencia. Ahí se incluyen los ciudadanos que están pendientes de la valoración inicial de su grado de dependencia y también aquellas que, una vez resuelto, permanecen a la espera del PIA, el programa individual de atención que establece los servicios y la prestación económica a recibir por parte del beneficiario.

A 28 de octubre, había 1.808 ciudadanos que aguardaban su valoración, 1.277 de ellos en el Camp de Tarragona y 531 en las Terres de l’Ebre. Pero aún es superior la cifra de las personas que han superado el primer paso pero están en trámite para el acceso definitivo a las ayudas. En el Camp de Tarragona hay 1.269 valoraciones con acuerdo PIA pendiente. De ellas, 1.127 están pendientes de cierre por parte de las áreas básicas de servicios sociales del territorio y 142 en fase de cálculo de capacidad económica por parte del Departament.

En el Ebre, hay 690 aprobaciones del PIA en marcha, de ellas 548 esperando el cierre de las áreas básicas y 142 en esa fase de cálculo, pasajes previos a poder percibir el dinero y, en el fondo, una suerte de limbo. En el Camp de Tarragona, la mitad de los que esperan aún deben pasar la valoración mientras que en las Terres de l’Ebre la cifra desciende al 43%. Todas estas cifras radiografían una demora más o menos persistente del despliegue de la ley de dependencia. «En los últimos tiempos no ha cambiado gran cosa, no ha habido una mejora sustancial. La media de espera son 575 días entre que entras en el sistema y te dan la plaza, cuando la ley habla de un tope de 180 días», explica Cinta Pascual, la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).

La máxima responsable de la patronal catalana de residencias cree que la demora multiplica sus efectos negativos por el perfil de beneficiarios. «En estos casos hablamos muchas veces de una dependencia extrema y por eso hay que dar una máxima prioridad. En gente que tiene una esperanza de vida tan corta, una prestación que tarde un año en llegar puede ser mucho, demasiado, debería ser algo de máximo tres meses. Es algo que hace tiempo que venimos denunciando», indica Pascual, muy crítica también con los importes y con la dotación: «Evidentemente se queda muy corto, hace falta más financiamiento».

Sheila Adam es trabajadora social de la Associació de Familiars d’Alzheimer de Tarragona, ubicada en Sant Pere i Sant Pau y recientemente reactivada: «Desde que solicitas hasta que te hacen la prueba para ver el grado que tienes, pasa un largo tiempo. Y a eso hay que sumar más, todo el intervalo en el que la propia familia no es consciente de que hay una dependencia, y luego empezar el proceso de solicitarlo al médico de cabecera».

Familias sin los recursos

Esa batalla contra el reloj no atañe solo a las personas de edad avanzada, sino también a los enfermos. «Hay familias que quizás ven una dependencia insignificante y no consideran necesario empezar el trámite, pero algunos diagnósticos se pueden agravar de forma rápida y entonces sí que empieza a urgir», dice Adam.

Ese desajuste es el que provoca los mayores conflictos en un hogar. «Todo depende de la situación económica, pero a veces es imposible hacer frente a gastos como un centro de día o un cuidador. Muchas familias no tienen esos recursos», indica Adam, que reclama más velocidad en los procesos. «Falta mucho, más rapidez, porque en función de cuál sea el diagnóstico y la evolución de la enfermedad, a veces es demasiado tarde», admite Adam. El caso más extremo es fallecer mientras se está a las puertas de recibir esa ayuda. «Es cierto que hay casos en los que en el momento de la valoración la persona ya no estaba», aporta la trabajadora social.

La impresión general es que la situación apenas ha progresado después de una pandemia que se ensañó precisamente con los más vulnerables. Unos datos recién conocidos son contundentes al respecto: cada 40 minutos muere un dependiente catalán en lista de espera, 21 al día, 7.827 al año.

«Es escandaloso»

Lo difundió en la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, muy crítico en su comparecencia. «Que cada media hora fallezca una persona en el laberinto burocrático de la dependencia es algo escandaloso», apuntó. Ramírez añadió que «hay que mejorar las prestaciones económicas, 300 euros por cuidar a una persona dependiente todo el año no es lo ideal». Fundamentalmente reclamó «acometer reformas sobre todo que agilicen los trámites, no solo en Catalunya sino en toda España».

La propia Generalitat reconoce las carencias y las dificultades para abordar todas las solicitudes. En esa misma comisión, el diputado David Saldoni (Junts) admitió «una saturación importantísima en las listas de espera», ya que «llevamos un años con estos incrementos y estas dificultades». Fuentes del Departament de Drets Socials reclaman que se replantee la ley para que sea viable aplicar los criterios de copago que prevé y que no se cumplen, ya que el Govern aporta mucho más que el Estado.

Aumento de la financiación

En una respuesta parlamentaria de septiembre, la entonces consellera de Drets Socials, Violant Cervera –relevada hace un mes por Carles Campuzano tras la remodelación del Govern–, indicaba que «la inversión para reducir la lista de espera en 2021 aumentó». Pasó de 1.384 millones en 2020 a 1.522 el año pasado, y la dinámica en los últimos ejercicios es de incremento.

Más allá de esos datos, el problema de la financiación viene de lejos, y hay que buscarlo en el nacimiento de la ley, en 2006. La norma establecía que las autonomías y la administración central iban a contribuir a partes iguales. La crisis de 2008 redujo la aportación del Estado durante varios años. En 2021 el Estado aumentó su contribución en casi un 46%, al pasar de 194 a 283 millones, según las cifras del Imserso. La Generalitat lo aumentó en un 4%, al subir de 1.189 millones a 1.238. El desequilibrio es palpable: la Generalitat aporta un 81% y el Gobierno solo un 19%.

«Las valoraciones son muy a la baja»

Ramón, un vecino de Tarragona de más de 90 años, fue reconocido con un grado I de dependencia, el más bajo. Ese nivel se aprueba en aquellas personas que necesitan ayuda al menos una vez al día en actividades básicas o tiene necesidades de ayuda intermitente.

Ramón no podía hacer nada solo: ni comer, ni cocinar, ni ir al lavabo. Dos de sus cuidadores se quejaban de que la valoración no hubiera reconocido un grado de autonomía más alto: «Le hace falta ayuda para todo, y hay que estar pendiente prácticamente todo el día. No comprendemos por qué la valoración es tan a la baja».

Es una queja común en las familias. Sheila Adam, trabajadora social de la Associació de Familiars d’Alzheimer de Tarragona, lamenta una cierta aleatoriedad en los reconocimientos: «El Alzheimer no es tan visible como una dependencia física. Sucede que a veces en un día en concreto el paciente está mejor por cualquier razón y eso puede condicionar el grado. Solo con una visita no puedes ver la realidad».

Son algunas de las disfunciones denunciadas por los que conocen bien un ámbito con cada vez más necesidades. En los últimos siete años las solicitudes se han disparado un 50% y los beneficiarios han crecido solo un 15% en el Camp. En el Ebre, las peticiones han subido un 50% y las personas que perciben la ayuda un 28%.

Para aliviar la situación el Departament ha eliminado este año el plazo suspensivo de la prestación para personas cuidadoras, una ayuda que se puede recibir en el momento en que se tramita sin necesidad de esperar 18 meses como pasaba antes. También se ultima la aprobación del incremento del 3% de las tarifas de los servicios sociales, lo que repercutirá en una mejora de las condiciones de los trabajadores.

Un estudio de la URV alerta: «El modelo tiene muchos déficits»

La catedrática de antropología social y cultural en la URV Dolors Comas d’Argemir participó en la última Comissió de Drets Socials del Parlament para presentar las conclusiones de un estudio estatal liderado por la universidad tarraconense sobre la situación de la dependencia y la afectación de la pandemia. La docente fue clara y contundente: «El modelo de atención tiene muchos déficits, las políticas públicas son débiles, yo diría incluso que insatisfactorias».

Incluso se dirigió a los políticos presentes: «¿Les gustaría ir a una residencia tal y como están ahora? Hemos avanzado poco y Catalunya tiene una situación especialmente difícil. Hay 71.000 personas a la espera de prestación que ya ha sido reconocida». La profesora calificó de «insuficientes los servicios» y radiografió el impacto de la pandemia: «No somos conscientes de hasta qué punto las familias son importantes para la dependencia. La pandemia exigió a las mujeres unos esfuerzos extraordinarios. Se ha hablado poco. Fue un impacto de puertas para dentro. Se cerraron centros de día, no hubo atención domiciliaria, se suprimieron servicios, se perdió la red de la familia extensa. Fue un sufrimiento grande para las familias y un deterioro cognitivo y físico para las personas en situación de dependencia».

Otra de sus conclusiones aludía a cómo «las ayudas públicas no llegan de una manera suficiente, ya no lo hacían antes, hay muchas familias que se sienten desamparadas. La situación es más grave». El estudio también diagnostica una ocupación «altamente feminizada, con un problema de precariedad, puestos en las escalas más bajas del mercado, fuerte rotación, fuga hacia otros sectores, parcialidad y plantillas insuficientes».