Ricomà aprueba el ‘reset’ a las cuentas sin votos en contra

El alcalde Pau Ricomà (ERC) superó ayer, con menos problemas de los previstos, el primer gran obstáculo de 2022. Ante la imposibilidad de poder contar, de momento, con un nuevo presupuesto para este año, el ejecutivo de la Plaça de la Font empezó este viernes a aplicar el plan B: hacer un reset a las cuentas de 2021 para iniciar el proceso de actualización a la realidad de 2022. Y lo logró sin ningún voto en contra.

A raíz del bloqueo político que existe en el Saló de Plens para poder aprobar las nuevas previsiones económicas hasta el próximo 31 de diciembre, el gabinete de ERC-Junts per Tarragona-CUP impulsó ayer, con el apoyo del PSC y las abstenciones del resto de la oposición (ECP, PP, Cs y No Adscrits) un primer paquete de cambios por un montante global de 13 millones de euros, que se traducen en un 8% de los 163 millones que puede manejar a día de hoy la corporación local. Con nuevas cuentas, esta cifra sería un 3% superior: 168.

«El modificativo aprobado es un punto de inflexión en la manera de funcionar de este ayuntamiento», afirmó ayer el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), artífice de la operación. Por su parte, el portavoz de ERC –Xavier Puig– recalcó que su formación se «mantiene sentada» en la mesa de negociación para aprobar el presu- puesto. «Este sería el mejor escenario, ya que nos permitiría acelerar el proyecto para convertir Tarragona en una ciudad más verde y accesible», indicó el edil en una clara referencia a En Comú Podem, a quien el ejecutivo local ha aceptado 78 de las 83 propuestas que Carla Aguilar presentó para negociar las cuentas. Precisamente, la edil de la coalición progresista recalcó durante el pleno que «facilitamos la aprobación» del modificativo de crédito porque en este se incluían cuestiones «imprescindibles para el funcionamiento del Ayuntamiento», y añadió que el punto clave fue la inclusión de los 917.440 euros para subvenciones a las entidades de la ciudad. «Todo lo que se pueda adelantar, mucho mejor. Y, además, tenemos el compromiso de que las bajas se compensarán con el remanente», recalcó la edil.

El 60%, para personal

El acuerdo del modificativo se fraguó especialmente en la negociación que ERC mantuvo con el PSC. Ayer, la formación socialista intentó una última variación del expediente: suprimir los 45.000 euros de la partida de Consells de Districte para destinarlos a la de Cooperació, que ayer se vació con una baja de 480.000 euros. Pese a ello, tanto el viceinterventor municipal como el secretario general del Consistorio aseguraron que ayer, al haberse presentado la enmienda de forma oral in situ, no podían asegurar la «disponibilidad de crédito», por lo que se podía poner en peligro todo el expediente por «defecto de forma». Por ello, el PSC retiró la propuesta y justificó su «sí» por el hecho de «entender que se den de baja actividades del segundo semestre del año, a las que ahora se coge prestada su partida». Ciutadans también retiró su enmienda, pero lo hizo de una forma más crítica. «Ayer (el jueves) a las 21.30 horas recibimos un informe de Intervenció –que estaba listo por la mañana– en el que se nos decía que no hay disponibilidad de crédito para nuestras propuestas. Está claro que ya han empezado a realizar gastos superfluos, como en protocolo de Alcaldía. Pedimos que nos hagan llegar todas las aplicaciones realizadas», indicó la portavoz naranja, Lorena de la Fuente.

La mayor parte de los 13 millones de euros que se mueven respecto al presupuesto de 2021 es para el capítulo de personal, que se lleva el 60% del modificativo. En este aspecto se «tocan» partidas por 7,8 millones de euros, especialmente por el aumento salarial del 2% ordenado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la adecuación de las cuentas de hace un año a los movimientos de recursos humanos por el nuevo cartapacio, que se firmó el 15 de junio de 2021 y que significó la entrada de Junts per Tarragona y la CUP, así como la marcha de En Comú Podem. En este punto saltaron chispas entre la edil no adscrita Sonia Orts e Inés Solé (CUP). La primera acusó a las cupaires de «pasar de cobrar 60.000 euros a 100.000 entre las dos», un hecho que la concejal independentista negó. «Es rotundamente falso, hemos renunciado al incremento salarial», aseguró.

El segundo gran punto del modificativo son los 2,1 millones de euros que se incorporan de inmediato para inversiones, entre las que destacan el nuevo gimnasio de Sant Pere i Sant Pau (1,5 millones), los 250.000 para impulsar el nuevo POUM o los 150.000 para las cámaras de videovigilancia en la Part Alta. «La situación actual se debe a la falta de responsabilidad de la oposición. Con el modificativo tendremos partida para arreglar el techo de la Guàrdia Urbana (120.000 euros) y para vehículos de Protecció Civil (35.000)», indicó la concejal de Junts per Tarragona y de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzman.

En la operación también se destinan 1,5 millones para cubrir la subida de los contratos de bienes y servicios, que suben por la inflación del 6,7%. En este punto destacan los 180.000 euros para el contrato de Salvament i Socorrisme, así como los 75.000 para la señalización de las playas. El modificativo también incluye 917.440 euros para 47 entidades de la ciudad, así como 534.000 por el encarecimiento de las cargas de las amortizaciones bancarios por el pago de la deuda con las entidades financieras.

Aval para el nuevo Miracle

Por otra parte, ayer también hubo una amplia mayoría en la aprobación de la moción de SOS Costa Daurada para impulsar el derribo de la plataforma del Miracle: todo el pleno votó a favor, a excepción de las abstenciones de PP y Ciutadans. En el texto –presentado por ERC, CUP y ECP– se acuerda que el Ayuntamiento «desestime la reapertura» del espacio –cerrado desde 2013– para evitar el «enésimo pedazo», así como que «se aborde el proceso de renaturalización» de la zona, «partiendo del desmontaje y la reutilización de la plataforma de hormigón actual hasta la creación del nuevo Parc Litoral de la Punta del Miracle». Para ello, las cuentas de este año –que están en el aire sine die– prevén una inversión de 400.000 euros. Si no se aprueban también deberá activarse el plan B: el Modificativo Mamotreto.