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¿Quién debe gestionar el estudio de la calidad del aire? ¿Actualmente se analiza bien la contaminación atmosférica de la ciudad? ¿Quién debe pagar este análisis? El gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya han evidenciado públicamente durante los últimos días las discrepancias que mantienen sobre este asunto, que ha pasado a tener un papel protagonista en la opinión pública a raíz de la explosión en Iqoxe de 2020.
El pasado miércoles, durante su comparecencia en la comisión del Parlament, la secretaria d’Acció Climàtica del Govern –Anna Barnadas– defendió los controles «excepcionales» que la Generalitat lleva a cabo en el polígono petroquímico, «no solo en las emisiones de gases y partículas, sino también en la vigilancia de la calidad del aire que respira la población», indicó la alto cargo de la administración autonómica, quien añadió que las inspecciones del Govern «no son laxas» así como que los controles del aire son «permanentes», por lo que «se analiza tanto la media como los picos».
374.000 euros para este año
Las declaraciones de Barnadas se contradicen con las conclusiones del pleno monográfico sobre Prevenció, seguretat, salut i futur de la indústria química que el alcalde Pau Ricomà (ERC) presentó el pasado 17 de febrero. En este documento se recogieron las impresiones de los grupos municipales tras la sesión específica del 26 de marzo de 2021 en la que intervinieron 14 representantes de asociaciones vecinales, sindicatos y entidades y patronales químicas.
En concreto, uno de los puntos que se recoge en el texto consensuado por la mayoría de partidos del pleno de la Plaça de la Font es que una de las medidas a adoptar «para mejorar la seguridad de la ciudadanía» es que «se garantice el desarrollo de estudios independientes de la calidad del aire y epidemiológicos desde la Generalitat o, por contra, impulsarlos desde los municipios».
Por todo ello, la comparecencia de Barnadas ha generado malestar en el ejecutivo tarraconense. «En ERC nos preocupa qué respiramos y, por esto, defendemos e impulsamos un estudio de la calidad del aire desde el Ayuntamiento», asegura el portavoz de Esquerra, Xavier Puig. En concreto, en el último pleno municipal se aprobó un modificativo de crédito de 374.000 euros para llevar a cabo este trabajo. De manera especialmente crítica se expresa Eva Miguel (CUP). «Las palabras de la secretaria de Acció Climàtica son un auténtico despropósito. Los estudios actuales no contemplan todos los compuestos y solo miden los promedios», lamenta la edil, quien además es la concejal de Medi Ambient. ¿La falta de acuerdo sobre la seguridad atmosférica genera inseguridad?
