TGN ha recibido 10,8 millones de los Next Generation y prevé doblar la cifra

A finales de la semana pasada llegó la resolución definitiva según la cual el Estado, a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ha otorgado una subvención de 3 millones de euros para la rehabilitación y mantenimiento del Fòrum de la Colònia procedentes de los fondos europeos Next Generation. El anuncio ya se había hecho hace unos meses. Sin embargo, esta era la confirmación definitiva que permite activar toda la maquinaria para que la actuación pueda ponerse en marcha cuanto antes.

Los fondos asignados para este proyecto representan prácticamente un tercio de las ayudas que hasta el momento ha recibido el Ayuntamiento de Tarragona procedente de este Plan de Reactivación, Transformación y Resiliencia, que activó Europa para hacer frente a la crisis económica generada por la covid-19. A día de hoy, el volumen de las subvenciones concedidas a la administración local asciende a 10.840.688,7 euros, una cifra que permitirá acelerar unas inversiones que en algunos casos estaban en cartera y en otros incluso en vías de ejecución. «Esto implica que tenemos una resolución y que el Ayuntamiento tiene los proyectos adjudicados y en algunos casos han finalizado, porque podíamos pedir el dinero para cosas que estaban empezadas en 2020 y todavía no se habían acabado», explica el concejal de Serveis Generals, Jordi Fortuny.

La parte más significativa de la inversión corresponde al Greenbelt’26, una iniciativa liderada desde el departamento de Medi Ambient, que incluye diferentes actuaciones en el litoral tarraconenses y las cuencas de los ríos Francolí y Gaià. En este caso, los Next Generation aportarán una partida de 3,3 millones de euros, los cuales también incluyen el desmontaje de la plataforma de hormigón de la playa del Miracle, que era una reivindicación de las entidades ecologistas y mediambientalistas que será financiada con fondos europeos.

La compra de tres autobuses de hidrógeno, la ampliación del parking Torroja y la urbanización de las calles López Peláez y Josepa Massanés son otras de las intervenciones que se llevarán a cabo en materia de movilidad sostenible. En este caso, la partida asignada también era de tres millones de euros, lo que ha permitido financiar las obras de peatonalización de la calle Canyelles, que se inaugurarán esta tarde.

En el apartado de actuaciones que ya están finalizadas también se incluye la digitalización de los puesto de trabajo en el Ayuntamiento por valor de 310.726,38 euros. Mientras que el proyecto IRIS, que permitirá el cambio informático de la administración local ha recibido otros casi 200.000 euros. Al respecto, Fortuny afirma que «implica que llega un dinero que en cierta forma ya teníamos, pero ahora nos permite aprovechar esta subvención».

Cada uno de estos proyectos se ha tramitado de forma individual y las convocatorias dependen ministerios diferentes o incluso de administraciones diferentes, ya que en algunos casos son líneas que ha abierto directamente la Generalitat. Esto hace que cada una de las subvenciones tenga unos plazos diferentes en cuanto a calendarios o sobre quién paga el IVA. «Cada uno tiene un padre y una madre», añade.

El Ayuntamiento de Tarragona, no obstante, confía en que la cifra recibida hasta el momento pueda incrementarse los próximos meses, hasta llegar a doblarse la cantidad recibida. Al respecto, hay otras seis solicitudes pendientes de resolución que en total suman un importe de unos 50 millones de euros, de los cuales la administración local calcula que podría recibir aproximadamente unos 23 millones.

«No tenemos porque pensar que no nos lo darán, porque se está tramitando muy bien e incluso estamos repitiendo algunas convocatorias», certifica Fortuny. Es el caso de la línea de ayudas destinada a la movilidad sostenible, que en esta ocasión quiere abordar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y para ello se ha presentado un proyecto por valor de 1,4 millones de euros.

La rehabilitación del Banc d’Espanya, para el Banc de la Ciència i el Coneixement (3 millones), o la digitalización de los mercados y el comercio son otras de las actuaciones que están a la espera de conocerse si obtendrán los fondos. En esta misma categoría se incluye también la construcción de 223 viviendas públicas en el ámbito del Pla Parcial 10, una convocatoria que en este caso depende de la Generalitat y suma más de treinta millones de inversión.

Fortuny explica que el conjunto de las solicitudes presentadas responden a «actuaciones que ya tenían los proyectos ejecutivos hechos o muy avanzados por tal de asumir los plazos, que son muy precisos». El 31 de diciembre de 2026 todas las actuaciones tienen que estar cerradas y justificadas en Bruselas, lo que significa que el Ayuntamiento tiene hasta el 31 de diciembre de 2025 para rendir cuentas delante del Gobierno estatal, con la excepción de algunas convocatorias muy específicas. Por este motivo, el primer teniente de alcalde defiende que «a partir de ahora tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que solicitemos, para cumplir con los plazos y que haya una musculatura financiera y humana». «Estamos en una fase de prudencia», añade.

El Ayuntamiento de Tarragona creó un equipo de cuatro personas que se encarga específicamente de la gestión de los fondos Next Generation. Este hace un seguimiento exhaustivo de todas las convocatorias que se abren y sobre el estado de tramitación de los diferentes proyectos. Y es que, de lo contrario, si no se cumplen los plazos que se justificaron, la administración local se verá abocada a devolver los recursos.

A través de la página web del Ayuntamiento de Tarragona puede accederse al portal Next Generation, que permite conocer toda la información sobre las solicitudes presentadas y la resolución de las convocatorias.

La web también pone a disposición el plan de medidas antifraude, que tuvo que hacerse para evitar posibles situaciones que pudieran despertar sospechas. Y, en este sentido, incluso hay un portal de denuncias totalmente confidencial a disposición de la ciudadanía, para ‘denunciar’ cualquier posible irregularidad. Europa hace un exhaustivo control de los recursos a disposición de los estados, lo que obliga a una densa burocracia.