Bruselas apuesta por una reducción gradual del déficit para no 'matar' el crecimiento

La CE dice que las necesidades de inversión pública serán "elevadas" en los próximos años y que hay que evitar para la inversión de golpe

19 octubre 2021 13:43 | Actualizado a 19 octubre 2021 13:58
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La Comisión Europea se inclina por no exigir en las naciones "grandes" recortes del déficit y la deuda una vez se vuelvan a aplicar las reglas fiscales. En el documento sobre el lanzamiento de la consulta pública para revisar el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, el ejecutivo comunitario apuesta por una reducción "gradual" del déficit y la deuda para no "matar" el crecimiento y la inversión.

El texto apunta que las necesidades de inversión serán "elevadas" en los próximos años y por eso apuesta por una reducción de la deuda que no comprometa ni la inversión ni el crecimiento. Bruselas retoma ahora la revisión sobre las actuales reglas fiscales, que limitan el déficit al 3% y la deuda al 60%, después de que lo tuviera que interrumpir por la pandemia.

«Los ajustamientos fiscales después de la pandemia tienen que ir de la mano con la mejora de la calidad de las finanzas públicas», apunta el documento, que defiende que exigir grandes recortes de la deuda «implicaría un alto coste social y económico y sería contraproducente».

Se debate revisar la normativa de análisis fiscal

Fuentes comunitarias apuntan la necesidad de debatir la revisión de las reglas fiscales teniendo en cuenta "las circunstancias". «Nos tenemos que preocupar por la sostenibilidad pero al mismo tiempo tenemos que ir en cuenta de no matar el crecimiento», dicen.

Las mismas fuentes también señalan la necesidad de hacer más simples las normas y de tener "consenso" sobre cómo tienen que ser. «Es importante que primero acordemos el análisis. Uno de los problemas de la crisis anterior es que no había un análisis compartido», subrayan.

Hará falta que los estados impulsen la inversión tanto pública como privada

Por Bruselas, hará falta que los estados impulsen la inversión tanto pública como privada en los próximos años porque las necesidades de inversión serán más elevadas del que se puede asumir con los fondos europeos. «La promoción de inversiones financiadas por los estados para la transición ecológica y digital y reforzar la resiliencia económica y social será fundamental», subraya.

«Si el Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia no está complementado por inversión adicional, se puede reducir de manera temporal el déficit y la deuda pero sin tener un efecto positivo en el crecimiento a medio y largo plazo, cosa que deteriorará la composición del gasto público», apunta el documento.

En el caso de los estados con elevadas deudas públicas, el ejecutivo comunitario dice que se tendrán que "priorizar los gastos" y hacer «esfuerzos para mejorar la composición y la calidad de las finanzas públicas».

Los estados mantendrán sus estados de deuda actual durante una década

El ejecutivo comunitario asume que un tercio de los estados miembro mantendrán niveles de deuda superiores en el periodo previo a la pandemia "durante la próxima década". Bruselas calcula que se necesitarán unos 650.000 millones de euros en inversiones para las transiciones ecológica y digital.

«Lograr los objetivos de las dos transiciones requerirá de un incremento persistente y considerable de la inversión tanto pública como privada en los estados miembro que voy más allá del 2026», dice la Comisión Europea.

Por otro lado, el ejecutivo comunitario admite que la política fiscal europea tiene que ser contracíclica porque ha resultado ser "muy efectiva" al paliar los efectos de la crisis.

  • La revisión de las reglas fiscales
Con el lanzamiento de la consulta pública, la Comisión Europea espera recibir propuestas de los diferentes actores para formular la suya. El ejecutivo comunitario prevé presentar una guía en los estados sobre la política fiscal en primer trimestre del 2022.

Las reglas fiscales están hoy por hoy suspensas y también lo estarán el año que viene, pero todo hace indicar que se empezarán a aplicar el 2023. Ahora bien, hay estados, como España, Francia o Italia, que quieren que una vez se vuelvan a aplicar ya estén modificadas, mientras otros, como los Países Bajos, Austria, Dinamarca o Suecia, quieren retardar el proceso de revisión.

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