La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la cantante Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
El ministerio público ha presentado su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), después de que la artista colombiana rechazara el pasado miércoles 27 de julio la última oferta que le hizo la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio.
Shakira ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres millones de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena que podría corresponderle por seis delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta seis años de prisión.
Pese a que el pasado miércoles la cantante rechazó el acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen también a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana- hasta el momento de sentarse en el banquillo.
Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.
Domicilio en Barcelona desde 2012
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en España ya en 2012 y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país.
Esa es la tesis del escrito de acusación de la Fiscalía, que sostiene que la cantante colombiana vivía en España «de manera habitual» entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por «motivos profesionales, con una duración muy corta», a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012; 118 en 2013 y 117 en 2014).
De esa forma, teniendo en cuenta el concurso estadounidense y otras estancias profesionales en otros lugares, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014 y sus ausencias del país «deben calificarse de esporádicas» y computarse como permanencia en este país, según la Fiscalía, que se remite a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Al haber residido en España más de 183 días al año, mantiene la acusación pública, Shakira «era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador», tanto respecto al IRPF como al impuesto del patrimonio.
Un entramado societario en paraísos fiscales
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.
