El Gobierno busca desatascar la negociación sobre la nueva prórroga de los ERTE. Después de las duras críticas y reproches que estos últimos días han lanzado tanto la CEOE como incluso UGT, el Ministerio de Seguridad Social ha desvelado su propuesta concreta de exoneración de las cuotas de la Seguridad Social –uno de los temas más sensibles y espinosos– para las empresas afectadas por un expediente de regulación durante los próximos meses. La bonificación de las cuotas sobrepasará el 80% y se situará «en el entorno del 85%», según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.
Se trata, por tanto, de una exoneración mucho más generosa que la que había en la actualidad: en este mes de septiembre la rebaja de las cotizaciones de los trabajadores que estaban con sus actividades suspendidas era del 35% para las empresas de menos de 50 empleados, y del 25% para las más grandes. Las futuras bonificaciones de más del 80% también variarán en función del tamaño de las empresas.
Sin embargo, esta oferta sigue sin satisfacer a la patronal, que reitera que el departamento de Seguridad Social tiene que cambiar el diseño de las exoneraciones, de forma que las ayudas vayan dirigidas solo a los trabajadores en ERTE y no se premie con deducciones a los que se reincorporan, algo que –aseguran– mantienen, mientras el Ministerio guarda silencio sobre esta cuestión.
Este está siendo uno de los grandes escollos de la negociación sobre la prórroga de los ERTE: las bonificaciones de los trabajadores que se reactivan como estímulo para la recuperación. De julio a septiembre las empresas en ERTE tienen una rebaja del 40% de las cotizaciones de los trabajadores que incorpora, porcentaje que se eleva al 60% para las más pequeñas.
En lo que también insiste esta nueva propuesta del Gobierno es en focalizar las ayudas a los sectores más afectados, especialmente el turismo y el transporte aéreo y marítimo, aunque también se incluye, por ejemplo, el teatro. Se haría un listado –que aún está en fase de redacción– con las actividades que sí se incluirían en estas ayudas.
Además, de estas mismas condiciones se beneficiarían aquellas empresas dependientes de esos sectores, que formen parte de su cadena de valor. Para ello tendrán que demostrar su vinculación a estas actividades protegidas y una caída de facturación «importante», que probablemente sería superior al 50%, según una de las propuestas que se han barajado. Éste sería el caso, por ejemplo, de una tintorería que trabaja para un hotel o una empresa de catering.
Asimismo, desde el Ejecutivo se comprometen a tener «máxima flexibilidad» para autorizar los ERTE por rebrote, que se han concebido para las empresas que se vean afectadas por alguna medida de restricción debido a un empeoramiento de la pandemia.
Desde el Gobierno estiman que con estas medidas quedarían protegidos «la mayoría» de los trabajadores que siguen en ERTE, más de 700.000 en la actualidad. Sin embargo, desde el sindicato USO denuncian que con esta sectorialización, más medio millón de trabajadores se quedarían fuera, ya que esta clasificación «arbitraria» excluye al comercio y la hostelería, dos de los más afectados. Tampoco protegería al transporte terrestre (autobuses, taxis...). Por su parte, la Confederación Española de Comercio (CEC) alerta de que excluirles de los ERTE abocará a cerrar más de la mitad de negocios, con caídas que alcanzan el 50%.
Precisamente ayer trascendió que la división de Viajes de El Corte Inglés estudia un nuevo expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) ,que afectaría a 4.718 trabajadores y que sustituiría al ERTE el aprobado el pasado mes de abril para 4.500 trabajadores.
