«Halladas 2.300 plantas de marihuana en Vinebre tras un incendio». «Vivienda en llamas con la luz ‘pinchada’ en Torredembarra». «Van a apagar un incendio en una nave y encuentran casi 5.000 plantas de marihuana». «El incendio en Calafell lo provocó un pinchazo ilegal de la luz». Son titulares recurrentes, pero no por ello menos sorprendentes. Reflejan las consecuencias causadas por los empalmes ilegales a la red eléctrica.
De momento, en Tarragona, no ha habido que lamentar víctimas mortales como las tres que hubo en 2019 en el barrio de Sant Roc de Badalona. Un empalme fraudulento causó un fuego que terminó por acabar con la vida de tres vecinos que nada tenían que ver y que mostró los peligros de este tipo de prácticas. Incendios, electrocuciones, descargas eléctricas, bloques en llamas... Son riesgos innumerables por diversos motivos: algunos se enganchan por vulnerabilidad y otros para esconder actividades delictivas.
El fraude eléctrico puede tener consecuencias nocivas para los vecinos como los fuegos en casas
Y es que casi la mitad de la energía que se roba en la demarcación se dedica al cultivo de marihuana. Según el balance de Endesa, principal empresa comercializadora, a lo largo de los primeros nueve meses del año, se han abierto un total de 1.377 expedientes por robo de luz, cinco al día. Solo 91 –un 6,6%– se han debido al fraude por plantaciones de marihuana, pero, sin embargo, concentran un 48% de la energía total robada –18.529.004 kilovatios por hora (kWh) de los 38.531363 kWh que han podido recuperarse–.
Son los comúnmente conocidos como ‘kilovatios fantasma’, que experimentaron un pico en los años de la pandemia: en 2020, se abrieron 2.867 expedientes y se recuperaron 70.314.775 kWh. En 2021, fueron 3.244 y 80.733.298 respectivamente. Supusieron récords históricos que pulverizaron los registros de 2019, cuando se abrieron 1.812 expedientes y se consiguió recuperar 34.982.528 kWh.
En 2022, ya se sobrepasaron los datos prepandemia, con 2.219 expedientes y 39.122.086 kWh y, en lo que llevamos de 2023, casi se ha llegado a la energía robada el pasado año. Sí que se han superado con creces los kilovatios hora recuperados que estaban usándose para mantener plantaciones ilegales de marihuana: de 12.912.399 kWh en 2022 –primer año en el que empezó a contabilizarse– a los 18.529.004 kWh desde enero de 2023.
Es una energía que equivale al consumo eléctrico anual de 5.294 hogares –teniendo en cuenta que estos gastaran una media de 3.500 kWh–. Es el mismo número que las familias que residen en localidades como Mont-roig del Camp, La Ràpita, Alcanar, Deltebre o Torredembarra. Si se tiene en cuenta toda la energía robada, podrían iluminarse unos 11.000 hogares, que son los que hay en municipios como Salou o Tortosa.
«Las conexiones irregulares implican riesgos para la salud de la persona que las lleva a cabo y de todos los vecinos», José Manuel Revuelta, director general de Infraestructura y Redes de Endesa
¿A qué se debe este incremento de energía estafada para el cultivo ilícito de droga? Principalmente, a dos factores: por una parte, al aumento de la actividad inspectora y, por otra, al hecho de que Catalunya y Tarragona están cada vez más asentadas como productoras y exportadoras de marihuana. El llamado ‘oro verde’ requiere de instalaciones más potentes y, a la vez, peligrosas de manipular.
Según el inspector jefe del Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de los Mossos d’Esquadra en la Regió Policial del Camp de Tarragona, Francesc Moragas, las plantaciones exteriores se han reducido en los últimos tiempos por la dificultad de riego causada por la sequía.
«Hasta hemos llegado a encontrarnos una nave dentro de otra para matar el calor y así poder conseguir más plantas», Francesc Moragas, jefe del AIC de los Mossos d’Esquadra en la Regió Policial del Camp de Tarragona
En consecuencia, han proliferado las indoor: se encuentran desde en pisos pequeños de familias necesitadas de liquidez hasta en viviendas unifamiliares y en grandes naves industriales. Moragas advierte de que algunos traficantes enganchan las tomas tres calles más allá para que la lectura no sea sospechosa.
Estas actuaciones criminales llevan asociadas un aumento de la violencia y de la sofisticación con la que los grupos esconden la marihuana, ya que, para una organización, es más fácil birlarle a otra la materia prima que realizar una plantación propia.
«La proliferación del cultivo ilegal supone un problema que concierne al conjunto de la sociedad», exponen desde Endesa. «Los datos del Ministerio indican que, desde 2015, las confiscaciones de marihuana y plantas de cannabis en toda España han experimentado fuertes incrementos de entre un 150 y un 305%; la Encuesta Anual sobre Drogas señala que, en el año 2020, se incautaron más de 1,7 millones de plantas de cannabis, frente a las 724.611 de 2016», añaden.
Por este motivo, la compañía realiza colaboraciones con las fuerzas de seguridad –no solo para operaciones que tengan que ver con droga–. Se ha llegado a trabajar con la gendarmería francesa, la Interpol y el FBI.
Perjuicios para los vecinos
Al final, todo desemboca en riesgos para los vecinos y para las personas que se encuentran cerca de las plantaciones. En el año 2022, Endesa recibió 62.769 denuncias en toda España –172 al día– por fraude eléctrico y llevó a cabo 21.195 inspecciones, un 75% más que en el 2021. Este 2023, la compañía prevé doblar la actividad inspectora en Catalunya. Además de las denuncias, pueden detectarse consumos anómalos motu propio o a través de una petición de intervención de los cuerpos policiales.
«La proliferación de plantaciones de marihuana supone un problema que concierne al conjunto de la sociedad», Endesa
«El fraude eléctrico supone un perjuicio para toda la sociedad, ya que se traduce en un incremento de la factura del conjunto de los consumidores y pone en riesgo tanto la seguridad como la calidad del suministro del resto de usuarios», explica el director general de Infraestructura y Redes de Endesa, José Manuel Revuelta. «Las conexiones irregulares y las manipulaciones de la instalación implican riesgos importantes para la salud de la persona que las realiza», añade.
Revuelta insiste en el peligro que esto puede suponer para los bloques de viviendas, ya que las redes manipuladas soportan una potencia para la que no están preparadas. «En un barrio de Terrassa, había cortes de luz constantes; los técnicos miraban la red eléctrica y decían ‘es que no puede ser, si es nueva’, pero, rascando, se encontraron plantaciones de droga, lo que provocó que el sistema quedara debilitado y ello afectara a los demás vecinos», explican desde Endesa.
El fraude por droga prima, en Catalunya, en los municipios que están alrededor de la AP-7, especialmente en Tarragona, en el Vallès Occidental y Oriental y en las comarcas de Girona. Son los puntos más sensibles para un fraude que no solo implica a quienes lo cometen, sino que supone una amplia afectación económica y para la salud de las personas.
