Cerca de una veintena de personas movilizadas por el Sindicat d’Habitatge de Tarragona han ayudado a detener este viernes el desahucio de Darifa y de sus dos hijas de 18 y 20 años en el barrio de Torreforta.
Según miembros del sindicato, la comitiva judicial ha decidido aplazar el lanzamiento ante la carencia de efectivos policiales y la presencia de un elevado número de personas. Ahora, les dan cuatro meses para encontrar una solución.
La familia ha lamentado que, pese a contar con el informe de vulnerabilidad, se están encontrando con muchas trabas para conseguir un piso de alquiler social. De hecho, llevan cinco años ocupando un inmueble, propiedad de la Generalitat, que se destina justamente a familias con riesgo de exclusión residencial.
«Hemos intentado alquilar un piso de todas las formas posibles, pero los alquileres no bajan de 600 euros», ha detallado Yasmina, quien considera que estos precios «son una brutalidad» que «no pueden pagar». De hecho, esta familia formada por tres mujeres sólo cuenta con el sueldo de 1.400 euros mensuales que aporta la hija de 20 años.
«Podrían llegar a pagar un alquiler con un precio razonable, pero no los precios de mercado que nos encontramos actualmente», ha defendido Martí, uno de los representantes del Sindicat d’Habitatge de Tarragona, quien ha añadido que continuarán luchando por conseguir que se les adjudique un alquiler social y “evitar que dentro de cuatro meses volvamos a estar delante de esta puerta”.
El intento de desahucio de este viernes es el segundo que vive el barrio de Torreforta en 24 horas. Este jueves, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Tarragona conseguía detener el cuarto intento de lanzamiento de otro vecino de la zona. En ese caso, la comitiva judicial decidió aplazarlo hasta febrero.
