Ni el más viejo del lugar lo recuerda. Tras décadas con la deuda disparada siendo año tras año uno de los ayuntamientos catalanes con una mochila del pasivo más cargada, ahora el gobierno municipal tarraconense (ERC-Junts per Tarragona-CUP) se ha marcado una senda clara: volver a situar en 2025 su débito dentro del límite legal. Así lo asegura al Diari el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien destaca que esta reducción «se llevará a cabo de forma paralela a todas las inversiones que necesita la ciudad, que son muchas. Sanearemos las cuentas sin dejar de hacer cosas», recalca.
El Saló de Plens de la Plaça de la Font aprobará el próximo 30 de septiembre el Compte General de los números de 2021, que sitúan la deuda municipal en los 167,8 millones de euros al final del año pasado, por los 176,8 millones que se registraron en ingresos hasta el pasado 31 de diciembre. Esto significa que la ratio de deuda está en el 94,95%, una cifra que están aún muy por encima del máximo legal: el 75%. Entre este porcentaje –que es la relación de la deuda con los ingresos corrientes–, y hasta el 110% el Consistorio debe pedir autorización a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya para poder concertar un crédito. Por encima del 110% las entidades locales no pueden acceder al préstamo bancario.
Un 5% menos anual
Ahora, a punto de finalizar el tercer trimestre de 2022, los técnicos económicos municipales han diseñado un plan para reducir anualmente un 5% la ratio de deuda tarraconense, con el fin de situarla en tres años por debajo del límite legal. Así, según los números que maneja la concejalía, este año se cerrará con un tasa del 90,06%, tras rebajar el pasivo en cuatro millones –de 167,8 a 163,8–, así como por haber ingresado cinco millones más que el año pasado.
Anualmente, de media, el Ayuntamiento paga unos 14 millones de euros a los bancos para amortizar la deuda que arrastra. Continuando con esta cifra, y calculando la misma cantidad de ingresos que este 2022 –181,2 millones– la previsión es la de bajar del 90% a finales del 2023 –86,13%–, reducir la ratio al 82% en 2024 y rozar ya el límite legal en 2025, con el 77,7%. Esto se traducirá en el hecho de que, en mil días, la deuda se habrá reducido en más de 22 millones de euros, situándola en los 141,4 millones de euros, bajando hasta los 132 y un 73% de ratio dentro de cuatro años. «Hacemos un cálculo conservador, ya que es muy probable que los ingresos se incrementen en los próximos años. Bajaremos del límite legal antes de 2026», afirma Jordi Fortuny, quien reitera que «anualmente pediremos el crédito necesario para seguir invirtiendo y generar actividad económica».
Teatre TGN, Guàrdia Urbana...
Los créditos y la deuda que arrastra el Ayuntamiento de Tarragona vienen desde hace años, de hecho, hay un préstamo aún pendiente de cerrar que se firmó en el siglo XX: en junio de 1999, con Joan Miquel Nadal (CiU) en la alcaldía. El pasivo se basa en obras como el Teatre Tarragona, la comisaría de la Guàrdia Urbana o la urbanización del Anillo Mediterráneo de Campclar para los Juegos de 2018. También para el Pla Integral de la Part Alta, guarderías o la apuesta fallida por los contenedores soterrados que ahora se están cambiando.
Pese a ello, cabe señalar que dos son los proyectos que comportan que la deuda municipal aún sea muy elevada: el Mercat Central y el no parking Jaume I, por los que el Ayuntamiento tiene más de 32 millones de euros por abonar. De la primera actuación, que se ejecutó entre 2007 y 2017, el Ayuntamiento tiene avalado el pasivo a largo plazo de la Empresa de Mercats, Espimsa. Por ello, se computan como débito los 17,7 millones que todavía faltan por pagar. Caso aparte es el del desastre del no aparcamiento de Jaume I, un parking que debía costar 3,9 millones de euros pero que ya ha comportado una deuda municipal que asciende a más de 25 millones sin que el equipamiento haya podido entrar nunca en funcionamiento. Sobre ello, el Consistorio debe a día de hoy más de 14 millones en créditos que se concertaron hace años y que, pese a intentarlo hasta 2008, la instalación de la Part Alta nunca ha podido ser una realidad, generando un enorme pasivo sin activar ingresos. Parte de esta deuda se ha reclamado judicialmente a las financieras de la maquinaria, por presuntos dobles pagos, pero el caso sigue pendiente del juzgado de Primera Instancia de Madrid.
Lo peor, hace una década
La situación económica de la Plaça de la Font vivió sus peores momentos entre 2010 y 2014, cuando la ratio de deuda estuvo entre el 146% y el 162%. La crisis económica que estalló en 2008 comportó que los ingresos municipales pasaran de los 160 millones de 2009 hasta los 145 de 2010, incrementándose la deuda desde los 185 millones de 2009 hasta los 243 de 2013. A partir de ese momento, con el plan de ajuste económico tutelado por el Ministerio de Hacienda y la recuperación económica general, la situación se fue estabilizando paulatinamente hasta el momento actual, aspirando ya a corto plazo a situarse en cifras saneados y «controlables».
«Debemos estar en unos parámetros de deuda de entre el 40% y el 75%. De esta forma, podremos afrontar inversiones desde el gasto corriente, sin tener que pedir crédito», indica el concejal Jordi Fortuny, quien lamenta que la corporación local tarraconense «vive en un equilibrio inestable desde hace demasiados años, ya que para pagar cualquier cosa debemos endeudarnos». En este sentido, indica que «si pasamos de gastar 14 millones en pagos a los bancos a destinar solo seis o siete podremos aplicar políticas más ambiciosas, por ejemplo, en vivienda pública».
