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La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme, ha sancionado a 342 pisos turísticos ilegales en toda la demarcación de Tarragona entre el año 2013 y el 2022. Fueron 105 en el período 2013-2015, 132 entre 2016 y 2018 y 105 desde 2019 hasta finales de 2022 –la reducción se debe a la distorsión por la pandemia y el confinamiento–. En total, se han recaudado 537.671 euros en multas: 197.200,6 entre 2013 y 2015, 200.326,05 desde 2016 hasta 2018 y 140.145 en el transcurso entre 2019 y 2022. El importe económico por sanción se mueve entre los 3.000 y los 60.000 euros.
Tarragona es la segunda demarcación catalana con más pisos turísticos. Actualmente, cuenta con 30.604 establecimientos con licencia, según datos del Departament d’Empresa i Treball –24.695 en el Camp de Tarragona y 5.639 en las Terres de l’Ebre–.
«Llevamos cuarenta años luchando contra este tipo de fraude», Joan Calvet, presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre
La ciudad de Barcelona es el municipio con más viviendas de uso turístico (9.472) y con más plazas (52.097). La siguen Salou, con 6.636 pisos y 36.498 plazas; Roses, con 4.771 establecimientos y 26.241 puestos, y Cambrils, con 3.458 y 19.019.
La directora general de Turisme, Marta Domènech, indica que «el control se realiza de forma especial en municipios que no reciben suficientes ingresos provenientes de la tasa turística para disponer de una estructura propia». «También efectuamos el seguimiento de la legalidad de las viviendas mediante la vigilancia y sanción de la oferta a través de todo tipo de intermediarios», añade.
Algunos propietarios
sí que tienen licencia y alquilan su apartamento, pero luego no declaran
sí que tienen licencia y alquilan su apartamento, pero luego no declaran
«Llevamos cuarenta años luchando contra los pisos turísticos que se alquilan de forma ilegal», expresa el presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Joan Calvet. «Ahora mismo, la cosa está bastante paradita porque no hay recursos en las administraciones y, si no hay recursos, no se destina lo suficiente a la labor inspectora», añade. A día de hoy, la patronal tiene asociadas unas 5.000 viviendas de uso turístico en toda la demarcación y 75 empresas. «Nosotros seguimos a lo nuestro, denunciamos cada vez que nos llega un caso y siempre lo comunicamos a Serveis Territorials para que lo inspeccionen», explica Calvet.
El gerente de Administracions Savé, Àlex Savé, argumenta que «faltan más inspecciones por parte de la Administración; las empresas explotadoras están haciéndolo bien, pero, en las comunidades de propietarios, seguimos encontrándonos particulares que alquilan sin ningún tipo de control».
«Los pisos turísticos ilegales generan una competencia desleal que perjudica a los operadores legales», Marta Domènech, directora general de Turisme
Él es administrador de fincas y narra una de las picarescas que se siguen desde hace años: «Muchos de los propietarios que alquilan de forma irregular sí que tienen licencia, pero no declaran los ingresos». Es decir, alquilan su apartamento, pero luego hacen como si nada para hacer la trampa y no declarar: «Si un día les hacen una inspección, dicen ‘es que es la primera vez que alquilamos’», comenta Savé.
Estos particulares no declaran la tasa turística, no pagan impuestos y tampoco están inscritos en el registro de la Generalitat: «Al final, se trata de una competencia desleal terrible, ya que, si ese propietario tiene personas trabajando en negro y no paga ningún tipo de tributo, además de la ilegalidad que está cometiendo, también se aprovecha para ofrecer precios más bajos», destaca el presidente de la patronal.
«Muchas veces son los vecinos los que terminan poniendo una denuncia», Manuel Sosa, abogado y experto inmobiliario
«Los pisos turísticos ilegales suponen la pérdida de control administrativo de la autoridad de destino, el efecto perturbador que genera la competencia desleal en los operadores legales, el fomento del fraude fiscal, la vulneración de la normativa, la afectación a la seguridad y un perjuicio para la convivencia», argumenta Domènech.
Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas tarraconense, apunta que «el proceso de regularización de los apartamentos que se destinan a uso turístico tiene algún obstáculo, principalmente el de la dificultad de cumplimiento de la normativa para algunos particulares».
La AAT ha presentado alegaciones contra las ordenanzas de Salou y de Vandellòs i l’Hospitalet
«El tema de la seguridad también es muy importante; estos pisos ilegales no realizan un registro de viajeros, con lo cual, allí puede colarse cualquier persona», expone Calvet. Sosa argumenta que «lo mejor son bloques o edificios de apartamentos dedicados exclusivamente a un uso de ámbito turístico, pues así no se producen problemas ni fricciones con los vecinos, que, la mayoría de las veces, son quienes suelen presentar las denuncias». La Generalitat también detecta el fraude por los pisos que no muestran el número de inscripción en el registro, ya que los intermediarios están obligados –por ley– a exhibirlos.
La Associació tiene convenios de colaboración con algunos ayuntamientos. El objetivo es que la patronal notifique al consistorio cuando se produzca una denuncia para que los servicios municipales efectúen la inspección oportuna.
«Queremos una regulación»
En los últimos años, debido a las sanciones interpuestas tanto por ayuntamientos como por la Generalitat, anualmente se regularizan una gran cantidad de viviendas de uso turístico: «La gente cada vez se está dando más de alta, algo que antes costaba muchísimo más», remarca Calvet.
«Nosotros somos los primeros que queremos una regulación, pero una regulación correcta y que sea uniforme para todos los municipios», indica el presidente de la patronal, quien califica de «locura» el hecho de que sea cada consistorio el que decida de qué manera regula las viviendas de uso turístico: «Pongamos el caso de una empresa asociada que tenga apartamentos en Salou, Deltebre y Calafell: si estos tres municipios tienen una normativa diferente, a nosotros nos provoca una gran inseguridad jurídica».
«Falta más control por parte de la Administración», Àlex Savé, gerente de Administraciones Savé
Algunos consistorios catalanes han llevado a cabo moratorias para que no puedan registrarse nuevas viviendas turísticas. «Todo lo que sea limitar o excluir es negativo para nosotros, pero lo que sí que queremos es que exista una regulación», opina Calvet.
Por lo que sí que aboga la AAT es por dotar a las corporaciones locales de más herramientas para inspeccionar y sancionar. En palabras de su presidente, «la Generalitat pasa la faena inspectora a los ayuntamientos, pero no los dota de recursos». «Creemos que sería importante que hubiera más inspectores especializados en este ámbito», opina Savé.
El de los pisos turísticos ilegales es un problema que se arrastra desde hace años. Cada vez se regularizan más, aunque la patronal pide un mayor control por parte de las instituciones públicas.
El apunte
Estafas en las reservas de plazas
Si bien existen los alquileres ilegales de pisos turísticos, también se han dado casos de reservas fraudulentas y, por consiguiente, estafas al potencial inquilino: son páginas web que ofrecen plazas de viviendas de uso turístico excesivamente baratas: «Hay que ir con mucho cuidado con las típicas ofertas de ‘se alquila apartamento en temporada de verano’», expresa Joan Calvet.
«Los clientes pagan y, luego, llegan a una empresa y dicen ‘oye, que he alquilado un apartamento’, y la reserva nunca aparece», añade el presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
